El OBJETIVO que se persigue es AGILIZAR la instrucción y el enjuiciamiento de determinados delitos ¿Cómo? Mediante el acortamiento de plazos y la reducción de trámites legales en el proceso legal. Así, los casos que se tramitan por este procedimiento son enjuiciados con más rapidez y de manera más sencilla. Lo encontramos regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sabiendo ya ante qué nos encontramos cuando hablamos de un juicio rápido ¿se puede tramitar cualquier delito por este proceso? La respuesta a esta pregunta es negativa: únicamente se pueden tramitar por este procedimiento los DELITOS CON las CARACTERÍSTICAS siguientes:

• Delitos castigados con una pena privativa de libertad que no exceda de cinco años.
• Delitos castigados con otro tipo de pena que no supere los diez años.

Unidos a estos presupuestos de aplicación la siguiente pregunta que se nos plantea es ¿Cuáles son los REQUISITOS de los juicios rápidos? Están previstos en la LECrim, y son los siguientes:

• Iniciación del juicio mediante un atestado policial.
• Comisión de un delito flagrante previsto en el artículo 795.2ª LECrim.
• Detención de una persona que ha sido puesta a disposición del juzgado de guarda o que ha sido citada en calidad de denunciado.
• Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.
• No puede tratarse de casos en los que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.

Y partiendo de estos requisitos generales, hay que puntualizar que no todos los delitos que cumplan estos requisitos pueden ser objeto de tramitación por los trámites del juicio rápido. Entonces ¿Qué DELITOS se pueden enjuiciar mediante el proceso rápido? Aparecen enumerados en el artículo 795.2ª LECrim:

• Lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas del artículo 173.2 del Código Penal.
• Hurto.
• Robo.
• Hurto y robo de uso de vehículos.
• Delitos contra la seguridad del tráfico.
• Daños del artículo 263 del Código Penal.
• Delitos contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal.
• Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial de los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Sabiendo ya el ámbito en el que se puede aplicar el juicio rápido, y una vez que se cumplan todos los requisitos ¿Cómo se tramitan los juicios rápidos? Podemos diferenciar CUATRO FASES:

• APERTURA DE DILIGENCIAS tras una intervención de oficio de la Policía Nacional o la Guardia Civil o bien una denuncia interpuesta por la víctima o una tercera persona. La Policía Nacional o la Guardia Civil deberá realizar una serie de actuaciones en un plazo máximo de 72 horas antes de poner al detenido a disposición judicial. Entre otras cosas, deberán solicitar informes médicos forenses, informar al denunciado de sus derechos y citar a los denunciados a los que no se haya podido detener y también a los posibles testigos. Además, dependiendo del caso, también podrán practicar pruebas de alcoholemia o tóxicas y solicitar análisis a profesionales y peritos. Además, deberán citar a las víctimas para comparecer ante el juzgado de guardia en los supuestos de violencia de género y doméstica.
• FASE DE INSTRUCCIÓN. En esta fase se relatan los hechos que se van a enjuiciar, tomando declaración tanto al denunciado como al denunciante, en su caso. Tiene lugar en el juzgado de guardia mediante diligencias urgentes. Durante esta fase se pueden solicitar medidas cautelares, entre las que se encuentra la orden de protección en los supuestos de violencia de género, o el sobreseimiento.
• FASE INTERMEDIA. En el mismo acto el Ministerio Fiscal formulará su acusación, o bien se formulará en un breve plazo de dos días tanto por Ministerio Fiscal y acusación particular si existiese. Asimismo, también se puede llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para dictar una sentencia de conformidad. Si no se produce este acuerdo, el acusado deberá presentar su escrito de defensa ante el Juzgado de lo Penal.
• JUICIO ORAL. Si no se llega a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, el juicio oral tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes. El juez dispone de tres días para dictar sentencia. Esta sentencia se puede recurrir interponiendo recurso de apelación en los cinco días siguientes. Recurso que se tramitará y resolverá por la Audiencia Provincial.

Como particularidad de este tipo de procedimiento, el juicio rápido podrá terminar por CONFORMIDAD DEL ACUSADO. ¿Qué implica esta posibilidad? Supone que el acusado se declare culpable y preste su conformidad a la pena mayor de las solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en su caso, y el procedimiento termine en ese momento con una sentencia de conformidad, en la que el juez rebaje en un tercio la pena solicitada.

Para que el acusado pueda acogerse a la opción de la conformidad, se deben cumplir los siguientes REQUISITOS:

• Que el Ministerio Fiscal (y la acusación particular, en su caso) hayan presentado su escrito de acusación en el acto en que solicite la apertura del juicio oral.
• Que los hechos hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta 3 años de prisión, con pena de multa de cualquier cuantía o con otra pena de distinta naturaleza no superior a 10 años de duración.
• Que, si se solicita pena privativa de libertad, esta no sea superior a 2 años, una vez reducida en un tercio.

Una vez dictada la sentencia, si el Ministerio Fiscal y las partes personadas manifiestan su deseo de no recurrir, la sentencia será firme desde ese mismo momento.

¿Qué VENTAJAS tiene esta sentencia de conformidad? La fundamental supone la reducción en un tercio de la pena propuesta. Y derivada de la anterior, al tratarse de una pena inferior a dos años, podrá acordarse su suspensión si el culpable se compromete a cubrir la responsabilidad civil derivada del delito y se cumplen el resto de los requisitos.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión…

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Cuando hablamos de orden de protección estamos ante una MEDIDA CAUTELAR que el juez acuerda en la tramitación de un procedimiento penal. Esta medida cautelar supone una forma de protección a la víctima con el objeto de evitar que se vuelvan a producir situaciones de riesgo que desencadenen hechos como los que ha denunciado.

Sabiendo ya qué es una orden de protección, tenemos que ver cuál es el itinerario que se ha de seguir para que una víctima pueda gozar de esa protección que le ofrece el ordenamiento jurídico.

La primera pregunta a resolver es ¿Cómo se inicia el PROCESO PARA conseguir una ORDEN DE PROTECCIÓN? ¿Quién puede tomar la iniciativa para que sea tramitada?

• En primer lugar, es la víctima del delito una vez que acuda a formular su denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil a la vez que formula la misma. Esta solicitud de orden de protección debe ser tramitada por el Juzgado en un plazo máximo de 72 horas desde su solicitud.

Además, aunque en este primer momento no se haga la solicitud de orden de protección, también se puede solicitar la adopción de la orden una vez que acuda a declarar al Juzgado que corresponda junto con su declaración, e incluso por escrito ante ese mismo Juzgado. Además, la puede solicitar igualmente ante el Ministerio Fiscal o en cualquier oficina de atención a víctimas o incluso ante los servicios sociales de los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas.

• En segundo lugar, si estamos ante la circunstancia de que la víctima no formule solicitud de orden de protección, puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal e incluso un familiar de la víctima ya sea, su cónyuge, pareja, ascendientes, descendientes, o hermanos. Incluso puede ser adoptada por el Juez por decisión propia a la vista de las circunstancias o la gravedad de los hechos.

Dentro de ese plazo de 72 horas, el Juzgado cita a víctima y agresor a la celebración de una comparecencia a la que cada uno ha de acudir cada uno asistido de su abogado; a esta comparecencia también acudirá el Ministerio Fiscal. En este trámite se tomará declaración por separado a víctima y agresor, y tras oírles, tanto Ministerio Fiscal, como los abogados de las partes, tomarán la palabra para solicitar la adopción de la orden de protección con el contenido que consideren adecuado, o bien oponerse a dicha adopción, según sus intereses

¿Tengo que presentar una denuncia para solicitar una orden de protección? La respuesta a esta pregunta es relativa, ya que puede que no exista esta necesidad absoluta de presentar una denuncia. Sin embargo, lo que sí es necesario para poder solicitar una orden de protección es la existencia de un procedimiento penal abierto, siendo indiferente cómo se haya iniciado dicho procedimiento.

Sentado lo anterior, nos tenemos que preguntar ahora por el CONTENIDO de la orden de protección. ¿En qué consiste la misma? La orden de protección tiene dos tipos de contenido completamente distinto:

• Contenido de naturaleza penal, debiendo hacer referencia a dos extremos:

• • Prohibición de aproximación a una distancia mínima de la víctima.
  • Prohibición de comunicación con la víctima a través de cualquier medio.

• Contenido de naturaleza civil, por el que se establecen las medidas relativas a los hijos menores que puedan tener en común la víctima y su agresor: guarda y custodia, régimen de visitas posible o eliminación del mismo, uso de domicilio familiar, pensión de alimentos…

Y finalmente, nos tenemos que preguntar por la DURACIÓN de esta orden de protección. Para dar respuesta a este interrogante tenemos que volver a hacer una distinción según el contenido penal y civil de la orden de protección. De tal forma que:

• Las medidas de carácter penal tienen la misma duración que el procedimiento penal en el que se han adoptado. Así, estarán vigentes hasta que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento sea firme.
• Las medidas de carácter civil únicamente tienen una duración de 30 días. De forma que dentro de ese plazo habrá que interponer la correspondiente demanda de derecho de familia solicitando que se ratifiquen estas medidas hasta que se dicte la resolución correspondiente a este proceso de familia iniciado.

A lo que no hemos referencia, es a los REQUISITOS que se deben cumplir para que por el juez se adopte esta medida cautelar de protección. Es el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se regula la orden de protección, el que nos establece estos requisitos:

• Que los hechos denunciados desprendan indicios de ser delictivos y que, igualmente, esos indicios indiquen que el denunciado podría ser el autor de los mismos.
• Que exista un riesgo objetivo para la víctima, es decir, que se desprenda que los hechos que han llevado a denunciar puedan repetirse, o incluso incrementar su violencia lesionando intereses de la víctima.

Pues bien, celebrada la comparecencia a la que ya nos hemos referido, el juez dicta la resolución, que tiene forma de Auto, por la que estima la solicitud recogiendo el contenido de la misma, o por el contrario desestima esta solicitud; resolución que se ha de notificar a las partes personalmente y no a través de sus abogados. Para el caso de que se acuerde la orden de protección, es en esa notificación cuando se requiere al denunciado para que cumpla los extremos de la orden, y las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los mismos.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión…

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Para saber cuándo la grabación de una conversación privada puede ser prueba lícita en un juicio penal tenemos que hacer una distinción: que las grabaciones sean de conversaciones propias o que esas grabaciones sean de conversaciones ajenas.

1. Si un tercero realiza grabaciones de conversaciones ajenas, las mismas no tienen validez como prueba lícita en un procedimiento penal. ¿La razón? Se verían afectados tanto el derecho al secreto de las comunicaciones como el derecho a la intimidad de los interlocutores en esas conversaciones.
2. Si es uno de los interlocutores quien realiza grabaciones de sus propias conversaciones, estas grabaciones sí que se considerarían prueba lícita en un proceso penal. Pero para ser así consideradas, han de cumplir una serie de requisitos.

¿Cuáles son estos REQUISITOS?

• Las circunstancias en que se produce la conversación ha de ser de forma voluntaria y libre. Si se trata de una situación o encuentro forzado no estaríamos ante una prueba lícita.
• La conversación debe ser espontánea. Si estuviésemos ante una conversación provocada, y su contenido forzado, no sería una prueba lícita.
• El interlocutor que realiza la grabación debe actuar de buena fe. Por lo tanto, no debe actuar movido por la finalidad concreta de buscar una prueba para ser aportada en un juicio penal.

Partiendo de lo anterior, en el supuesto en que esas conversaciones sean aportadas en un juicio penal ¿Se verían afectados DERECHOS FUNDAMENTALES de los interlocutores?

1. Derecho al secreto de las comunicaciones: no se ve vulnerado al ser uno de los interlocutores de la conversación quien usa la misma como prueba.
2. Derecho a la intimidad: tampoco se ve vulnerado el derecho a la intimidad de los interlocutores, excepto si el contenido de la conversación afecta al círculo más intimo o familiar de uno de los interlocutores.
3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, aquí tenemos que distinguir dos supuestos:
   1. Si la grabación de la conversación la obtiene quien tiene una posición de superioridad jerárquica sobre el otro interlocutor para obtener una confesión extraprocesal, sí se vería vulnerado el derecho.
   2. Si la grabación se realiza en el ámbito particular no se ve vulnerado este derecho.
4. Derecho a un proceso con todas las garantías: no se ve afectado siempre y cuando el encuentro en el que se ha producido la conversación haya sido fortuito.

Partiendo de lo anterior, una vez aportada en un juicio penal una grabación obtenida lícitamente, y que por lo tanto es válida como prueba ¿CÓMO SON TENIDAS ESTAS GRABACIONES? En ningún caso se consideran como una confesión, sino que se les da el valor de testimonio de referencia como ratificación de las declaraciones del resto de intervinientes.

Ahora bien, cada vez es más habitual que, en lugar de grabaciones se intenten aportar como prueba en un juicio penal CONVERSACIONES DE cualquier aplicación de MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (Whatsapp, Instagram, Facebook…) ¿Son pruebas VÁLIDAS? Y en caso de serlo ¿Qué REQUISITOS son necesarios?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sentencia 45/2024, de fecha 6 de febrero, de la Audiencia de Burgos ha dicho lo siguiente:

• Que este tipo de mensajes son admisibles como prueba.
• Que tienen un carácter autónomo respecto de la prueba documental.
• Que se deben valorar de acuerdo con el criterio del juzgador en su globalidad y según las reglas de la sana crítica.

Además, para que estos mensajes puedan ser considerados como PRUEBA VÁLIDA se debe atender a estos dos extremos:

1. Forma de obtención y aportación de los mensajes: sólo quienes hayan participado en las conversaciones de las que se extraen los mensajes están legitimados para aportarlas.
2. Garantía de que los mensajes no han sido alterados: debiendo acreditarse tanto la existencia real de dicha conversación como la integridad del contenido de dichos mensajes. Acreditación que se puede realizar mediante otros medios de prueba como actas notariales, declaraciones testificales e incluso la aportación de copias de seguridad de dichas conversaciones acreditadas mediante uso de servicios de almacenamiento.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión.

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En el artículo 37.3. b) del Estatuto de los Trabajadores se recoge uno de estos permisos, el PERMISO POR CUIDADO DE FAMILIARES, de la siguiente forma: ‘Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.’

Leyendo el propio artículo observamos cuáles son las circunstancias que conllevan la posibilidad de disfrutar de este permiso:

• accidente o enfermedad graves
• hospitalización
• intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario

Igualmente, la literalidad del artículo nos dice quiénes son los familiares cuyas circunstancias implican el poder disfrutar del permiso: cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio. Y todos ellos siempre que necesiten el cuidado de la persona trabajadora.

La cuestión que se nos plantea de la lectura de este artículo es cómo se disfrutan estos días. Porque está claro el tiempo y los días que se pueden disfrutar pero ¿Cuál es el día desde el que se puede disfrutar ese permiso?

Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que distinguir dos opciones:

1. Si existe convenio colectivo aplicable.
2. Si no existe convenio colectivo aplicable.

1.- Si estamos ante la EXISTENCIA DE CONVENIO REGULADOR que sea aplicable a la relación laboral, deberemos aplicar lo que en este convenio colectivo se recoja.

Muchos de los convenios colectivos recogen normas específicas que puntualizan la aplicación de las normas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Teniendo en cuenta que estas regulaciones de los convenios no pueden restringir los derechos previamente reconocidos a las personas trabajadoras en el citado Estatuto de los Trabajadores.

Pues bien, siempre que en el convenio colectivo que resulte de aplicación se recoja desde cuándo se empieza a disfrutar del permiso por cuidado de familiares, deberemos atender a esta norma.

Pero para el caso de que el convenio colectivo no recoja esta puntualización, tendremos que estar a la interpretación de de la norma general recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

2.- Si NO EXISTE CONVENIO COLECTIVO APLICABLE, o en caso de que el convenio colectivo aplicable no recoja nada sobre la aplicación de este permiso ¿Cómo se aplica este permiso retribuido?

La forma de aplicación de este permiso retribuido nos la ha facilitado la jurisprudencia ya que la fecha de inicio de este permiso por cuidado de familiares siempre ha sido una cuestión polémica. De hecho, recientemente la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en fecha 12 de septiembre de 2024 (sentencia 102/2024) que recoge esta doctrina, haciendo referencia a lo dicho también por el Tribunal Supremo.

El punto de partida de esta jurisprudencia es el sentido y finalidad del permiso retribuido. Y el objeto de este permiso no es otro favorecer que la persona trabajadora pueda permanecer en el mercado de trabajo cuando le surge la necesidad de prestar cuidados a sus familiares.

Además, la citada sentencia recoge también el enfoque de género que utiliza el Tribunal Supremo en su interpretación de este permiso. De forma que manifiesta que son las mueres quienes, de forma mayoritaria, hacen uso de os permisos relacionados con el cuidado. Y por lo tanto, la interpretación de estos permisos ha de hacerse de forma que se favorezca la corresponsabilidad en la atención de las responsabilidades familiares en orden a superar los estereotipos de género existentes todavía en nuestra sociedad.

Pues bien, partiendo de esta interpretación finalista y sociológica del permiso por cuidado de familiares ¿Cómo nos dice la jurisprudencia que se puede disfrutar el mismo?

La norma general es que si el hecho que determina la necesidad de disfrutar de este permiso se produce en un día que no es laborable, el disfrute del permiso se inicia el primer día laborable siguiente ya que en días festivos, al no trabajar, no resulta necesario disfrutar de este permiso. De hecho, la jurisprudencia puntualiza que cuando deba aplicarse esta regla general, se deberán excluir del disfrute del permiso los días de descanso, festivos y no laborables.

En CONCLUSIÓN, y para finalizar, si existe norma específica en el convenio colectivo aplicable, habrá que estar a esta normativa para saber el día en el que se empieza a disfrutar del permiso retribuido por cuidados familiares, Y, si no existe esta norma específica, no tiene que coincidir necesariamente con el inicio de la circunstancia que genera la posibilidad de disfrutar de este permiso; serán las personas trabajadoras quien establezcan esa fecha de inicio del permiso según sus posibilidades de conciliación, y mientras persista esa circunstancia que posibilita el disfrute del permiso.

Y todo ello, como siempre, salvo mejor opinión…

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1. Otorgamiento de capitulaciones matrimoniales
2. Tramitación del expediente matrimonial y celebración del matrimonio
3. Aprobación de divorcio

1.- OTORGAMIENTO DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Por medio del otorgamiento de capitulaciones matrimoniales los CÓNYUGES ELIGEN el RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL que va a regir durante la vigencia de su matrimonio. Este acuerdo de los cónyuges sobre el régimen económico matrimonial se documenta en una escritura pública que autoriza el notario.

¿CUÁNDO SE PUEDEN OTORGAR? esas capitulaciones matrimoniales? Para responder a esta pregunta tenemos que atender a dos momentos:

• Con carácter previo al matrimonio: si se opta por este momento, el matrimonio se deberá celebrar en el plazo de un año desde que se firmó la escritura pública.
• Durante el matrimonio: los cónyuges pueden escoger la modificación del régimen económico matrimonial por el que se venía rigiendo su matrimonio para acordar otro distinto.

Y el último paso después de otorgar la escritura pública de capitulaciones matrimoniales es INSCRIBIR dicha escritura en el Registro Civil.

2.- MATRIMONIO

La intervención del notario en relación con el matrimonio se divide en DOS FUNCIONES completamente diferenciadas: la tramitación del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio.

1.Tramitación del expediente matrimonial:

La función del notario en este caso es la de tramitar el expediente o acta de autorización matrimonial. En este proceso se acredita por el notario:

• La existencia de todos los requisitos de capacidad para contraer matrimonio.
• La inexistencia de impedimentos para contraer matrimonio.

Para la tramitación de este expediente no hay una libre elección del notario por los cónyuges. Éstos deberán acudir al Colegio notarial para realizar la solicitud del notario. Y será el Colegio Notarial quien designe el notario correspondiente para la tramitación del expediente en función del turno existente en cada colegio.

Ante este notario, los cónyuges deberán presentar los DOCUMENTOS NECESARIOS para la tramitación del expediente:

• Solicitud previamente presentada al Colegio Notarial
• Documentos de identidad de cada cónyuge
• Certificados de nacimiento de los cónyuges
• Certificados de empadronamiento de los cónyuges
• Identificación de dos testigos

En determinados casos, y según las circunstancias de cada caso, el notario podrá incluso pedir más documentos para poder tramitar el expediente matrimonial.

Aportada esta documentación, el notario tendrá una AUDIENCIA por SEPARADO con los cónyuges y a los testigos. Tras estas audiencias el notario concluirá el expediente con un dictamen por el que autoriza o deniega la celebración del matrimonio.

2.Celebración del matrimonio:

Completado el expediente matrimonial, los cónyuges pueden ESCOGER quien será el CELEBRANTE del matrimonio entre las personas autorizadas para ello. Estas personas son:

• Juez encargado del Registro Civil o Juez de Paz
• Alcalde
• Secretario judicial o notario libremente elegido del lugar de celebración
• Funcionario diplomático o consular

Por supuesto, tras la celebración del matrimonio, se deberá inscribir en el Registro Civil el acta en el que se documental el matrimonio

3.- DIVORCIO

Al igual que los notarios pueden tramitar el expediente matrimonial y están autorizados para la celebración del matrimonio, pueden también acordar el divorcio del matrimonio.

En el caso del divorcio el notario mediante escritura pública, además de acordar la disolución del matrimonio por divorcio ELEVA A PÚBLICO el CONVENIO REGULADOR que hayan firmado los cónyuges con los efectos de su divorcio. Y es que, el notario únicamente podrá tramitar los divorcios que sean de mutuo acuerdo.

Pero además de que sea un divorcio de mutuo acuerdo, el caso en concreto deberá cumplir los siguientes REQUISITOS:

• Que no existan hijos menores de edad ni mayores de edad con medidas de apoyo
• Que no exista un embarazo al momento de la tramitación del divorcio
• Que hayan pasado más de tres meses de la celebración del matrimonio
• Que estén asistido por abogado en ejercicio

Además, de cumplir todos estos requisitos, los cónyuges podrán escoger el notario que tramite el divorcio entre el que corresponda al domicilio común de ambos, o para el caso de que no tengan domicilio común, el notario de la residencia habitual de cualquiera de ellos.

Ante el notario elegido, los cónyuges deberán aportar los DOCUMENTOS NECESARIOS para la tramitación del divorcio:

• DNI de ambos cónyuges
• Libro de familia
• Certificado de inscripción del matrimonio, de nacimiento y empadronamiento de cada uno de los cónyuges
• Documento de identidad del abogado en ejercicio que los asiste
• Documentos que acrediten las situaciones económicas de ambos cónyuges
• Convenio Regulador

Con la presentación de estos documentos en la notaría, se cita a los cónyuges para su RATIFICACIÓN. El notario deberá realizar un control sobre el posible perjuicio que el convenio pueda generar a cualquiera de los cónyuges. En caso de que estime la existencia de dicho perjuicio puede acordar el archivo del expediente.

Una vez ratificado el convenio regulador en la notaría, se aprobará por el notario extendiendo la correspondiente DILIGENCIA DE APROBACIÓN que será la FECHA DE la disolución del matrimonio por DIVORCIO. En caso de que el notario no apruebe el divorcio, lo deberá fundamentar mediante la diligencia que extienda.

Además, los hijos mayores de edad pero dependientes económicamente, deberán firmar también la escritura por la que se eleve a público el convenio regulador. Y para el caso de que no firmen los hijos mayores de edad deberá aprobar el divorcio el juez competente.

En este convenio regulador que es elevado a público por escritura otorgada ante notario, se puede incluir la liquidación de la sociedad legal de gananciales para el caso de que ese sea el régimen económico matrimonial. Y en este caso el documento estará sometido al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados.

La pregunta que nos podemos hacer ahora es ¿se puede MODIFICAR este tipo de divorcio? La respuesta es afirmativa, sí que se puede modificar este divorcio, pero siempre que se trate de una modificación acordada por ambas partes. La tramitación seguirá los mismos trámites que el divorcio. Para el caso de que no exista este acuerdo, las partes deberán acudir a un procedimiento judicial para solicitar la modificación de las medidas del divorcio.

Y ello, como siempre, salvo mejor opinión

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